Los beneficios de la nacionalización (Editorial)

Editorial / Cambio (La Paz) - Desde que el presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, en mayo de 2006, muchas cosas han cambiado en Bolivia por los beneficios logrados con los recursos obtenidos por las exportaciones del sector, que se reflejan en obras de desarrollo que mejoraron la situación económica y por ende la calidad de vida de los ciudadanos.

Fue sorpresivo encontrar que para esas fechas el Estado solamente obtenía unos 300 millones de dólares anuales como beneficio de las exportaciones debido a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue convertido por los gobiernos neoliberales solamente en una oficina residual que no administraba casi nada debido a que el grueso de las operaciones estaban a cargo y cuenta de empresas transnacionales que se llevaban el grueso de la torta y dejaban el mínimo al país.

Tras la nacionalización, todo ha cambiado para Bolivia porque del apenas 18 por ciento que recibía el país por las exportaciones de sus hidrocarburos pasó a recibir el 82 por ciento, lo que se tradujo cada año en miles de millones de dólares contantes y sonantes.

Bolivia comenzó desde 2006 a recibir 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares, que fueron redistribuidos en las regiones para apoyar programas de desarrollo, lo que en el pasado neoliberal era impensable.

El presidente Evo Morales ha manifestado que este año se estima llegar a una facturación de 5.000 a 5.500 millones de dólares por la venta de hidrocarburos, preferentemente a Brasil y Argentina, pero con la perspectiva de otros países interesados en adquirir el gas boliviano.

Los resultados de esa gestión y de la recuperación de los recursos naturales de hidrocarburos han solidificado la economía nacional, que en el pasado entregaba su patrimonio para el enriquecimiento de empresas extranjeras sin velar por el interés nacional.

Con los recursos de la nacionalización de hidrocarburos, de telecomunicaciones, electricidad y otros rubros, el Estado ha creado bonos sociales para todos los sectores de la población, además de entregar recursos por cuenta del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las regiones para que sus gobernaciones y municipios encaren programas de desarrollo.

Ahora el Estado es el propietario de esos recursos y hace valer ese derecho aunque sin dejar de lado la suscripción de acuerdos con empresas extranjeras, que deben ingresar al acuerdo en calidad de socios, nunca más como patrones.
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