De la nueva Ley de Hidrocarburos

Vesna Marinkovic - Contar con una nueva Ley de Hidrocarburos se ha convertido en una demanda puntual y probablemente incómoda para el actual Gobierno que desde el 1 de mayo de 2006 nacionalizó los hidrocarburos, pero que no ha terminado de resolver todas las demandas concernientes al sector.

Pasado el furor de la nacionalización, actualmente se observa a dos sectores claramente expectantes o demandantes de una nueva normativa: el de las empresas petroleras y el de las naciones y pueblos originarios campesinos NPIOC, manifestando sus tendencias y urgencias.

Los primeros, representados por el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Carlos Delius, sostienen que luego del proceso de recuperación del gas para los bolivianos, es urgente contar con una ley que faculte la exploración para encontrar nuevos reservorios de gas que justifiquen la presencia de inversión externa en el país.

“El objetivo de ampliar los beneficios para nuestra nación, pasa por hacer crecer la explotación de este energético y, para que esto ocurra, debemos contar con un programa exitoso de exploración. Esta actividad está regida por la ley de probabilidades. Por lo tanto, mientras más intensa sea, mayores serán los beneficios”, decía Delius en una de sus intervenciones en el marco del quinto Congreso  Bolivia Gas y Energía.

La tendencia de ese sector está claramente dirigida a encontrar una normativa jurídica atractiva para “la búsqueda de sostenibilidad con mayores reservas, ampliación de los mercados y una constante lucha por mantener la competitividad del  sector”, que probablemente se traduce en una rebaja impositiva.

Las NPIOC, a su turno, exigen habilitar una ley que profundice y mejore el desarrollo de la gestión socioambiental considerada como un derecho de este sector y plantean hacerlo en el marco de los procesos de control, evaluación y seguimiento a las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenaje y comercialización de los hidrocarburos, garantizando su ejercicio, consulta y participación.

Plantean, asimismo, que las causas y las fuentes de los conflictos socioambientales sean atendidas de manera prioritaria e integrada, previniendo los efectos, daños e impactos negativos que se puedan producir sobre el medio ambiente.

En este marco, destacan el respeto  y garantía de los derechos fundamentales de las NPIOC, especialmente los referidos a la consulta y participación; la información previa y oportuna; legalidad, veracidad e integralidad en todo lo referente a las AOPH que se pretenda licitar, autorizar y/o ejecutar.

Bolivia, pese a tener una estrategia nacional de hidrocarburos  en materia de administración y gestión de los recursos naturales no renovables como son, en efecto, los hidrocarburos, está confrontada, ahora, a lograr una sinergia entre las tendencias y las urgencias de estos dos sectores que tradicionalmente han estado, cuando menos, distanciados. El vínculo entre ellos es nada más y nada menos que la tierra, el medio ambiente y, por supuesto, los recursos naturales.

Consiguientemente, más allá de la restitución del dominio del Estado sobre los hidrocarburos, también será importante lograr, mediante la nueva ley, la articulación de cada una de las fases de la cadena de producción, la participación de importantes actores y el compromiso de estos para activar, cuidar y gestionar el sector.
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