Reducción de Reservas: ¿De la falsedad a la impunidad?

Gustavo Rodríguez para HidrocarburosBolivia.com - El domingo 10 de abril, Carlos Villegas sostenía que la empresa certificadora recurrió a la “manipulación financiera” para inflar el volumen de reservas con la intención de aumentar el valor de las acciones de las empresas. Extraña que el viernes 8, cuando se presentaba la cifra oficial de reservas probadas, sólo se haya mencionado que De Golyer&MacNaughton había utilizado “un modelo convencional” y que la Ryder Scott “contempla una metodología más exhaustiva de cálculo”.

Las explicaciones “técnicas” como se mencionó en un anterior artículo, eran insuficientes, ahora que surge la explicación “financiera” aumentan mis interrogantes y crecen mis dudas sobre las acciones que los ejecutivos del sector están asumiendo en este asunto.

La primera interrogante surge al comparar la proporción de la sobreestimación de reservas. El año 2004 la Shell “reclasificó” sus reservas y anunció una reducción de 4.700.000.000 Barriles Equivalentes de Petróleo (BEP); luego, el año 2006 Repsol YPF también realizó una rebaja cercana a los 900.000.000 BEP; en ambos casos las reducciones representaban el 25% de las reservas probadas de cada empresa.  En Bolivia, hoy sabemos que con décimas más o décimas menos, la reducción es de 13 Trillones de Pies Cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), cifra equivalente a 2.315.227.070.347 BEP. 500 veces más que la Shell y 2.500 veces más que Repsol, es decir, lo sucedido en Bolivia no es una simple sobreestimación, ni un leve error de cálculo.

Aquí vale la pena insistir en los procedimientos,  quienes cuantifica las reservas son las empresas operadoras, ellas ejecutan los estudios y realizan las interpretación de los mismos, las certificadoras sólo avalan y respaldan todo ese trabajo. En el caso boliviano, de acuerdo con la normativa surgida con la privatización, si las operadoras querían retener un área o comenzar a explotar las mismas estaban obligadas a entregar a YPFB Residual toda la documentación correspondiente a la cuantificación de reservas probadas existentes en dichas áreas; además, los personeros de YPFB Residual estaban obligados a recopilar, sistematizar (entiéndase, revisar y valorar) y publicar oficialmente esta información. Siendo así ¿Cómo puede haberse inflado tanto las reservas probadas sin que nadie lo haya advertido?

La novedad de toda esta situación no está en confirmar, una vez más, que los datos en el sector petrolero transnacional son manipulados, habitualmente las empresas tienden a sobreestimar la cantidad de reservas probadas que poseen, eso les reditúa mayores ingresos. Tampoco es novedoso que el sujeto pasivo de esta manipulación, la víctima, sea un Estado como el boliviano, no, la novedad está en que la víctima y las autoridades llamada a defenderla no asuman ninguna medida legal, ni económica a fin de resarcir los daños que la inflación de reservas y la manipulación financiera ha ocasionado; el extremo de todo estos es que tampoco asuman ninguna acción preventiva para evitar que en el futuro una situación similar se repita.

Internacionalmente lo normal es que este tipo de casos se sanciona duramente. Las empresas que mencionamos arriba sufrieron una brusca caída del valor de sus acciones; además, la Shell tuvo que enfrentar un juicio donde la Comisión de Valores de Estados Unidos le acusaba de haber “emitido estados financieros erróneos y materialmente falsos”, también tuvo que establecer un fondo de 120 millones de dólares para resarcir los daños de todos quienes adquirieron sus acciones basados en las reservas infladas. Repsol por su parte sufrió una reducción de 50 millones de Euros en sus utilidades de la gestión anterior al ajuste (2005) y de 250 millones de Euros a las utilidades correspondientes al año de la reducción 2006.
Con estos antecedentes y aunque internacionalmente existe toda una estructura jurídico-legal favorable a las empresas, el Estado boliviano perfectamente podría usar algunos de estos instrumentos legales y de mercado para obligar a las empresas a resarcir los daños ocasionados por la sobreestimación desmesurada de las reservas probadas y la manipulación financiera realizada sobre esa base.
Internamente, debe asumirse que las empresas y las instituciones públicas no son entes abstractos y con vida supra terrenal, por el contrario son entidades dirigidas por personas de carne y hueso, que en el caso específico de las reservas en Bolivia, han omitido información, han otorgado información errónea y/o han falseado la información a fin de obtener beneficios extraordinarios. Esos individuos deben ser claramente identificados y sometidos a las leyes bolivianas aplicables a estos casos. ¿O es que la soberanía de las leyes bolivianas no vale para este tipo de casos?

Pienso que el Estado boliviano no está exento de instrumentos que le permitan esclarecer lo sucedido, identificar claramente a los responsables y establecer responsabilidades; mas lo que le está faltando es la decisión política para hacerlo. Y aquí me surge otra interrogante ¿no será que mientras los ejecutivos del sector hidrocarburífero boliviano dicen dar el paso de la “ficción a la realidad”, los responsables del tremendo engaño al país están recorriendo el camino de la falsedad a la impunidad?

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