Luis Fernando Córdova se acogió al derecho del silencio

2009-03-13 18:00:06
El procesado por el caso YPFB Catler-Uniservice, Luis Fernando Córdova Santiváñez, se acogió, este viernes, al derecho del silencio en la ampliación de sus declaraciones ante la Fiscalía que investiga la firma del contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la empresa de Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA).

William Sánchez, abogado defensor de Córdova Santiváñez, justificó al decisión de su cliente al considerar que "El Ticoco" no es funcionario publico y menos empleado de la estatal petrolera, por lo que no tiene información alguna sobre este tema.

Ante este panorama, el fiscal anticorrupción asignado a este caso, Edward Mollinedo, dijo que se investiga el delito de uso indebido de influencias, por lo que se citó al sindicado para contar con mayores elementos de prueba.

El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción halló al menos un daño económico al Estado de 60.756.800 dólares (60.7 millones) en la empresa YPFB- Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) tras su conformación, firma de contratos y alquiler de una perforadora importada desde Venezuela para la estatal petrolera.

Por estos hechos se denunció ante la Fiscalía al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez; a Misael Gemio, ex presidente del directorio de SIPSA, al gerente general, Rogelio Ashimine, a las dos accionistas de la firma, Lucy Barbery y Nilda Domínguez. Además de los miembros del Directorio de la sociedad anónima: Esther Carmona (vicepresidenta) asesora jurídica de YPFB; Reynaldo Marín (Director); Nelly Salvatierra (Síndico), Rolando Aguado y Luis Fernando Córdova.

CESACIÓN DE SENTENCIA:

Asimismo, el abogado de Córdova conocido como El Ticoco anunció que dentro del proceso de robo agravado y asesinato del empresario Jorge O´Connor D´Arlachs, ocurrido el 27 de enero pasado, solicitarán al Juez Williams Dávila la cesación de la detención preventiva.

Al considerar que se desvirtuaron los riesgos procesales, toda vez que ya se presentó certificados de domicilio, matrimonio y documentos que se requieren para la cesación de la detención.

"Con estas acciones estamos desvirtuando los requisitos que el Juez valora para la detención preventiva, la autoría del asesinato y robo agravado y los riesgos procesales", dijo Sánchez.

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