La política del gas domiciliario (Editorial)

2009-02-24 08:33:45
Lo más sensato sería que el Poder Ejecutivo medite cuidadosamente sus próximos pasos en este tema, para evitar que la aplicación de las medidas anunciadas sirva de caldo de cultivo para nuevos ataques de las regiones opositoras a la centralización.

El Gobierno anunció que, a partir de marzo, todas las empresas a cargo de la distribución de gas domiciliario pasarán a manos de YPFB porque así lo dispone el decreto de nacionalización. Esas compañías tienen concesiones que vencen este mes y se ha anticipado que no serán renovadas.

Se trata de un alcance de la nacionalización que no afecta a empresas privadas ni a extranjeras, como fue el caso de las anteriores transferencias provocadas por el decreto mencionado.

Las firmas que se ocupan de mantener las redes de distribución domiciliaria de gas surgieron como resultado de esfuerzos de prefecturas, alcaldías y entes regionales, y sus representantes se afirman en esa justificación para sostener que la decisión del Gobierno, de transferir sus actuales responsabilidades a la petrolera estatal, podría ser considerada como un afán inspirado en el centralismo.

Siendo departamentales —no importa cuál fuera su composición accionaria—, cumplen su rol en coordinación con las prefecturas y las alcaldías, porque forman parte de ellas.

Según estas empresas, hace tres años que YPFB no les autoriza a cubrir nuevas áreas urbanas con el servicio, a pesar de que han instalado las tuberías necesarias. Eso significa que la petrolera habría frenado la entrega de gas natural a miles de domicilios, probablemente, porque estaría esperando a que la gente sepa que esa tarea pasó a cargo del Gobierno.

Paralelamente, existe la susceptibilidad de que la administración de Evo Morales pretenda cambiar el personal y hacer designaciones con criterios políticos y no técnicos.

Al respecto, lo más sensato sería que el Poder

Ejecutivo medite cuidadosamente sus próximos pasos en este tema, para evitar que la aplicación de las medidas anunciadas sirvan de caldo de cultivo para nuevos ataques de las regiones opositoras a la centralización.

Si YPFB está llegando a acuerdos con firmas extranjeras para que sigan a cargo de la administración de unidades importantes, convendría dar el mismo tratamiento a las empresas regionales. Eso sí, las autoridades nacionales tendrían que asegurarse que éstas realicen una labor eficiente, sin ninguna mancha de corrupción. La falta de transparencia ha provocado demasiados dolores de cabeza a los bolivianos como para tolerar más casos.

Al fin y al cabo, el gas natural domiciliario es un servicio básico, considerado por el gobierno de Evo Morales como un derecho humano, y qué mejor, entonces, que esté en manos de la gente más próxima a los ciudadanos de cada región.

Un elemento a tomar en cuenta es la condición que se ha establecido de que esta clase de servicios no esté en manos de esquemas empresariales que busquen el lucro como único objetivo. Eso se podría resolver mediante una fiscalización rigurosa de las compañías regionales, para que atiendan a los usuarios con costos operativos bajos, lo que las obligaría a ser eficientes.

La intención del Gobierno es rebajar los precios del gas natural que llega a los domicilios. Pero también tendría que ser un objetivo no frenar la expansión del servicio con ningún motivo. Si las redes de distribución están tendidas, el gas debería fluir, sobre todo en este momento en el que las exportaciones se han reducido y parece inevitable quemar el gas sobrante.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Lo más...