El Estado boliviano a través de las diferentes administraciones de gobierno ha buscado generar las condiciones para el desarrollo de la industria de hidrocarburos y contribuir al desarrollo nacional. En este marco, se promulgaron una serie de disposiciones legales que han tenido por objeto:

Normar el ejercicio de las actividades hidrocarburíferas
Regular la participación privada en las diferentes actividades de la industria y,
Otorgar incentivos para el desarrollo de trabajos de exploración que ha permitido el crecimiento en las reservas de hidrocarburos del país.

Las medidas de ajuste económico y reforma estructural implantadas a partir del año 1985 tuvieron por efecto redefinir el rol del Estado y su intervención en la economía. En este nuevo contexto, el Estado se retira de las actividades productivas y de la intermediación financiera directa concentrando sus actividades en la creación del marco y condiciones objetivas para el buen funcionamiento de los mercados en un marco de libertad económica.

Por otra parte, mediante la creación del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), mediante la Ley 1600, y las Superintendencias Sectoriales se separan las funciones normativas de las de fiscalización y aplicación de las disposiciones vigentes, que en el pasado eran ambas de potestad del Estado.