2009-12-10 11:04:00
Gustavo R. García - La auditoría fue remitida al fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla. El órgano contralor dice en su informe que encontraron hechos punibles y responsabiliza a administraciones de Takahasi y Granada.
Gustavo R. García - La auditoría fue remitida al fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla. El órgano contralor dice en su informe que encontraron hechos punibles y responsabiliza a administraciones de Takahasi y Granada.
La Contraloría General de la República remitió a la Fiscalía el informe final sobre la auditoría realizada a la situación financiera de Petróleos Paraguayos (Petropar) que dictamina que los términos y condiciones de pago de los cuatro contratos suscriptos entre Petropar y PDVSA, desde el 2007, son ilegales.
Esto como consecuencia de haber incluido cláusulas no estipuladas expresamente (y que incluso se contraponen) en el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, único con aprobación del Poder Legislativo, por contar con una ley de la Nación.
La CGR señala que los contratos que generaron la deuda con PDVSA fijan una tasa de interés adicional del 12% anual más el 6% anual en concepto de manejo administrativo, totalizando 18%, que se contrapone a lo establecido en el acuerdo marco de Caracas (un interés del 2%). El organismo contralor constató que tres de los contratos, además de estar al margen del acuerdo energético aprobado por el Congreso Nacional, no se encuentran fechados y uno incluso ni cuenta con la firma de las autoridades que lo suscribieron, así como con la numeración correspondiente.
La auditoría indica que los contratos vigentes desde la administración del Ing. Alejandro Takahasi fueron asumidos por el Lic. Cíbar Granada (éste firmó los contratos con vigencia desde el 1/01/2008, aun cuando asumió con el nuevo Gobierno en agosto del 2008).
Según la auditoría de la CGR, la deuda con los proveedores del exterior registró en el ejercicio fiscal 2008 un aumento aproximado del 50% con relación al ejercicio anterior, siendo el acreedor mayoritario PDVSA.
Según los registros contables de Petropar, la deuda con PDVSA, al 31 de diciembre de 2008, era de más de un billón de guaraníes (G. 1.220.853.938.272). Como ejemplo, esta suma representa más del 87% del presupuesto anual asignado a los servicios de seguridad de la Nación (seguridad nacional, seguridad interior, reclusión y corrección, entre otros) y más de la mitad del presupuesto anual del "Servicio de la Deuda Pública".
En ese marco, el informe remitido a la Fiscalía menciona una serie de nombres de altos funcionarios de Petropar y otros entes que podrían tener responsabilidad en haber dejado a la institución petrolera estatal al borde del colapso total, dejándola con serias dificultades y a punto de ingresar en una crisis que incluso la podría hacer desaparecer como institución.
La CGR pidió a la Fiscalía la investigación respectiva y tener en cuenta la auditoría practicada, y eventualmente, de corroborar todos los datos arrimados, castigar a las personas responsables del hecho.
El fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, deberá enviar el documento al agente fiscal que entienda en hechos de corrupción o de delitos económicos, con miras a iniciar las primeras pesquisas.
La Contraloría cita a varios funcionarios de Petropar que aún siguen en la petrolera, como responsables de la situación y la firma de contratos amañados.
Esto como consecuencia de haber incluido cláusulas no estipuladas expresamente (y que incluso se contraponen) en el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, único con aprobación del Poder Legislativo, por contar con una ley de la Nación.
La CGR señala que los contratos que generaron la deuda con PDVSA fijan una tasa de interés adicional del 12% anual más el 6% anual en concepto de manejo administrativo, totalizando 18%, que se contrapone a lo establecido en el acuerdo marco de Caracas (un interés del 2%). El organismo contralor constató que tres de los contratos, además de estar al margen del acuerdo energético aprobado por el Congreso Nacional, no se encuentran fechados y uno incluso ni cuenta con la firma de las autoridades que lo suscribieron, así como con la numeración correspondiente.
La auditoría indica que los contratos vigentes desde la administración del Ing. Alejandro Takahasi fueron asumidos por el Lic. Cíbar Granada (éste firmó los contratos con vigencia desde el 1/01/2008, aun cuando asumió con el nuevo Gobierno en agosto del 2008).
Según la auditoría de la CGR, la deuda con los proveedores del exterior registró en el ejercicio fiscal 2008 un aumento aproximado del 50% con relación al ejercicio anterior, siendo el acreedor mayoritario PDVSA.
Según los registros contables de Petropar, la deuda con PDVSA, al 31 de diciembre de 2008, era de más de un billón de guaraníes (G. 1.220.853.938.272). Como ejemplo, esta suma representa más del 87% del presupuesto anual asignado a los servicios de seguridad de la Nación (seguridad nacional, seguridad interior, reclusión y corrección, entre otros) y más de la mitad del presupuesto anual del "Servicio de la Deuda Pública".
En ese marco, el informe remitido a la Fiscalía menciona una serie de nombres de altos funcionarios de Petropar y otros entes que podrían tener responsabilidad en haber dejado a la institución petrolera estatal al borde del colapso total, dejándola con serias dificultades y a punto de ingresar en una crisis que incluso la podría hacer desaparecer como institución.
La CGR pidió a la Fiscalía la investigación respectiva y tener en cuenta la auditoría practicada, y eventualmente, de corroborar todos los datos arrimados, castigar a las personas responsables del hecho.
El fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, deberá enviar el documento al agente fiscal que entienda en hechos de corrupción o de delitos económicos, con miras a iniciar las primeras pesquisas.
La Contraloría cita a varios funcionarios de Petropar que aún siguen en la petrolera, como responsables de la situación y la firma de contratos amañados.
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