24Abril2014

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La incautación de bienes será posible a sola imputación fiscal

2009-05-21 07:28:50
Gobierno promulgó decreto antiterrorismo que causa protesta de empresarios. Dircabi será la entidad responsable de administrar el patrimonio incautado por terrorismo. El líder de los empresarios privados dijo que el decreto tiene un “alto contenido político”.

Tal como lo había anunciado Evo Morales, el gabinete aprobó ayer un decreto que dispone la incautación de bienes, valores y caudales de dinero pertenecientes a los imputados o posibles instigadores y cómplices de conductas calificadas por un fiscal como terrorismo, sedición o alzamientos armados, incluso en caso de que los delitos no se hubiesen consumado.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, explicó que “el decreto versa sobre la protección que todo Estado debe darse para combatir una delincuencia que busca destruir la unidad nacional, que busca generar caos, que busca crear hostilidad armada dentro del territorio nacional”.

Esta medida coercitiva se podrá aplicar a sola imputación, vale decir, cuando existan indicios y no pruebas de su participación en los hechos, cuando todavía debe regir el principio de presunción de inocencia.

La madrugada del 16 de abril, un operativo policial desbarató un grupo irregular, tres de cuyos integrantes (Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Micheal Dwyer) fueron muertos y dos (Elöd Tóásó y Mario Tádic) fueron capturados con vida.

El martes, el presidente Morales anunció en Cochabamba que el Gobierno aprobaría el decreto por el que, si se comprueba que “si algún boliviano, medio de comunicación o empresario hubiera dado dinero para ese grupo”, sus propiedades pasarán a dominio del Estado.

El asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, añadió que el decreto no incorpora un nuevo tipo penal al ordenamiento jurídico, sino que reglamenta los vigentes.

La norma se basa en la Convención para Prevenir y Sancionar los Delitos de Terrorismo, la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la Carta Democrática Interamericana, la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, así como el artículo 124 de la Constitución.

Además alude a los artículos 23, 121 y 133 del Código Penal, que definen los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, sedición y terrorismo.

Los bienes inmuebles de los responsables se hipotecarán para el resarcimiento de la responsabilidad civil.

Reacción empresarial

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, mostró la preocupación del sector por la medida.

En conferencia de prensa dijo que el decreto “tiene un alto contenido político que no busca la unidad del país” y propuso una ley “que establezca en qué situaciones el Estado podrá confiscar bienes privados que sea el resultado de una discusión de ideas y no de la imposición”.

Aclaró que no defiende acciones delictivas pero exigirá que se aplique y respete la ley para sancionar a los empresarios por una eventual vinculación con el terrorismo.

La disposición, que ya fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, por lo que entró en vigencia de inmediato, estipula que todos los delitos de este caso se procesarán en la sede del Gobierno porque, “al ser víctima el Estado y su sede principal es la ciudad de La Paz, se establece esta jurisdicción para que conozca los delitos de terrorismo, sedición, alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado”.

La nueva norma permite la incautación del patrimonio, medios e instrumentos pertenecientes a los imputados, posibles instigadores y a los cómplices.

El patrimonio, que podrá incluir valores, tales como acciones o depósitos y dinero, será manejado por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), que no abarcará los bienes muebles y aquellos que sean indispensables para los imputados.

Rubén Gamarra aclaró que “a todos los que hayan participado coadyuvando, financiando a estos grupos terroristas y en virtud de este decreto, será afectado su patrimonio”, por lo que se podrá aplicar en el caso Rózsa.

La parte resolutiva del decreto

ARTÍCULO 1 (Objeto). El presente decreto supremo tiene por objeto establecer el procedimiento para determinar la jurisdicción, la aplicación de medidas cautelares sobre el patrimonio, medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.

ARTÍCULO 2 (Jurisdicción). Queda consolidada la ciudad de La Paz como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, siendo esta ciudad la sede de Gobierno legalmente constituida donde se encuentran las principales instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 3 (Ámbito de aplicación). La presente norma reglamentaria se aplicará sobre el patrimonio, medios e instrumentos para la comisión o financiamiento que pertenecieren a los imputados, o posibles instigadores y cómplices de las conductas calificadas por el fiscal como terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y la soberanía del Estado, desde la medianoche del momento del hecho delictivo.

ARTÍCULO 4 (Aplicación de medidas cautelares de carácter

real) I. En conocimiento del hecho por cualesquiera de las formas de inicio de la investigación penal, el Fiscal, dentro el plazo de las diligencias preliminares dispuesto por el artículo 300 de la Ley 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, por la supuesta comisión del delito o ante la flagrancia prevista en el artículo 230 de la ley antes citada, requerirá ante el Juez de Instrucción, la incautación del patrimonio, medios e instrumentos que pertenecieran a los imputados, y posibles instigadores y cómplices de las conductas calificadas como terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.

II. Los bienes muebles e inmuebles quedarán bajo custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.

III. El Fiscal podrá requerir la retención de fondos de los imputados y posibles instigadores y cómplices por ante el sistema bancario y de entidades financieras a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. La incautación se aplicará aunque los fondos de recursos financieros no hayan sido usados efectivamente o no se hayan llegado a producir los actos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.

IV. La incautación de bienes inmuebles del propietario procederá cuando éste haya participado en cualquiera de sus formas.

V. Los bienes incautados, incluidos recursos financieros y valores, preferentemente se destinarán a programas de seguridad ciudadana y del Estado.

ARTÍCULO 5 (Procedimiento para la aplicación de medidas cautelares de carácter real) I. El o la Fiscal, a tiempo de iniciar la etapa de investigación o en su desarrollo, hasta antes de dictarse la sentencia, mediante requerimiento fundamentado, solicitará al Juez o la Jueza de la Instrucción la incautación de bienes sujetos a confiscación, especificando los que quedarán a su disposición a efectos de prueba.

II. Resolución de incautación. El Juez o la Jueza de Instrucción Penal, atendiendo el requerimiento fiscal, si existen suficientes elementos de convicción acerca de la participación del imputado o posibles instigadores y cómplices dispondrá:

a) La incautación de los bienes inmuebles, valores y dineros que hayan podido servir a la comisión de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.

b) La anotación preventiva de la resolución de incautación, tratándose de bienes muebles sujetos a registro.

c) La entrega de los bienes a Dircabi.

d) Si luego de celebrado el juicio se determina la sentencia condenatoria y aquélla adquiere ejecutoría, los bienes incautados pasarán a la categoría de confiscados y pasarán a propiedad del Estado, sin derecho a indemnización alguna.

El “Viejo” declarará y será imputado hoy en La Paz

Esta mañana, Ignacio Villa Vargas, alias el “Viejo”, prestará declaraciones ante el Ministerio Público y se le imputará el delito de terrorismo, a objeto de que sea puesto a disposición de un juez cautelar en el curso de las siguientes horas.

Villa Vargas era considerado el testigo “clave” de la Fiscalía, pero ante las protestas de los diputados que investigan el caso, el fiscal Marcelo Soza anunció que el ex unionista será procesado por el caso, por lo que se procederá a su aprehensión.

Por la tarde, la empresaria cruceña Kathy Rabzuk comparecerá ante Soza, quien investiga el caso de presunto terrorismo.

El representante del Ministerio Público aseguró que se investiga “todo lo concerniente” al caso, lo que incluye la posible presencia de una brigada de “carapintadas” en territorio nacional, aunque admitió que no sabe si los argentinos operan en el país.

Informó que, si bien durante el proceso se mencionó el nombre del argentino Jorge Mones Ruiz, no se logró determinar aún el grado de participación de esta persona en los hechos que indaga.

Soza dijo que “gradualmente estamos analizando la información” para definir a qué otras personas se convocará a declarar sobre la acción de la célula irregular dirigida por Eduardo Rózsa Flores, uno de cuyos camaradas sobrevivientes, el húngaro Elöd Tóásó, pidió garantías para él y su familia.

“No puedo actuar de oficio, pero pienso que la Cancillería podría pedir, a través de los canales diplomáticos, al Gobierno húngaro que preste protección” a los parientes del detenido preventivo, aunque “el interesado” tendría que hacer el pedido respectivo al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, el mayor Aguilera señaló que Mones no está en la lista de investigados que vinieron como soldados para iniciar una lucha contra los collas, pero no hay indicios de que cometieron alguna acción terrorista; supuestamente están en el oriente de Bolivia.

Comisión multipartidaria investigadora

El presidente de la comisión multipartidaria de Diputados que investiga el caso, el oficialista César Navarro, informó que el ex gerente del Comité pro Santa Cruz Lorgio “Yoyo” Balcázar Arroyo será investigado porque puede ser uno de los financiadores del grupo irregular liderado por Rózsa Flores.

Navarro dijo que el Decreto 0138, promulgado ayer, puede ser aplicado en su caso, especialmente sobre los tres medios radiales de los que es propietario individualmente o en sociedad, por lo que dio a entender que la disposición se podrá ejecutar contra quienes resulten imputados en este caso.

Aclaró que “no es una acusación a los medios de comunicación en general, no es un concepto global, plural y colectivo, sino declaraciones identificaron al dueño de un medio de comunicación”.

Según la Agencia de Noticias Fides, Mario Tádic, sobreviviente del operativo del 16 de abril en Santa Cruz, acusó a Balcázar de ser el jefe de inteligencia dentro de la organización.

“Vulnera la Constitución”

El constitucionalista Carlos Alarcón aseguró ayer que el Decreto Supremo 0138, de incautación de bienes y valores a personas o entidades involucradas en delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, transgrede las disposiciones de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y no debe aplicarse al caso descubierto en Santa Cruz el jueves 16 de abril.

“Este decreto no sólo viola la Constitución, sino los tratados internacionales de derechos humanos porque ambos cuerpos jurídicos exigen que una ley emanada del Órgano Legislativo regule las consecuencias de un delito”.

El abogado explicó que la Carta Magna establece que sólo una ley puede regular los derechos fundamentales sobre propiedad e información. A Alarcón le preocupan estos temas porque, en el caso de terrorismo, incluso se menciona a algunos medios de comunicación, lo que pone en riesgo la libertad de expresión en el país.

Apuntó que existe un principio universal en el tratado de derechos humanos, que establece en materia penal el principio de reserva legal, es decir, que sólo el Órgano Legislativo es competente para sancionar los regímenes que correspondan.

El Gobierno debió haber remitido el proyecto de ley al Congreso Nacional o esperar a que se forme la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional en lugar de promulgar un decreto supremo.

“Desde que está en vigencia la nueva Constitución, el propio Gobierno ha impulsado las trasgresiones y son más las violaciones que los cumplimientos”.

Quien debiera controlar este caso es el Tribunal Constitucional, pero sus labores están paralizadas porque sólo cuenta con una magistrada suplente en funciones. “Por tanto, este tipo de abusos de poder quedará sin una oportuna reparación”.

El analista dijo que este decreto no podrá ser ejecutado en el caso del presunto grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores, sino que deberá ser aplicado en futuros casos análogos, si éstos se presentaran.

“La nueva Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de la norma penal, salvo en delitos relativos a corrupción, no a los temas de terrorismo como en el presente”.

Las declaraciones del “Viejo”

IGNACIO VILLA VARGAS, el testigo “clave” de la Fiscalía, prestó declaraciones, a las que la red PAT tuvo acceso anoche.

UNA DE LAS PRIMERAS revelaciones del ex unionista es que Eduardo Rózsa Flores se hacía llamar Germán Villarroel.

SOSTUVO que el boliviano-croata-húngaro participó en los atentados con explosivos perpetrados contra la radioemisora perteneciente al masista disidente Guido Guardia, al domicilio del viceministro Saúl Ávalos y a la residencia del cardenal Julio Terrazas.

EL OBJETIVO del grupo era la eliminación física de Evo Morales y del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

JUAN CARLOS GUEDER era, dijo a los fiscales, uno de los “hombres fuertes” de la milicia.

CARLOS ALBERTO GUILLÉN, vicepresidente del club Blooming, y Rózsa eran quienes pagaban las cuentas de los hoteles en los que se hospedaban los integrantes del grupo.

LA MILICIA tenía dos campos de entrenamiento en técnicas de combate cuerpo a cuerpo.

EL “NEGRO” David Cejas ubicó a Villa Vargas “porque era su asesor”. Le comunicó que formaba “un grupo de verdad” y que debía encontrarse con “Germán” en el stand de Cotas en la Fexpocruz.

EN ESA OCASIÓN, Villa Vargas dijo que se había encontrado con “Germán, que estaba reunido con otros gringos. Estaban Mauricio Roca, Pedro Yovhío, Guido Nayar. Me comunicaron telefónicamente con el prefecto Rubén Costas. Me ofreció una casa y una propiedad”.

RECOGIÓ A “Germán” y al irlandés Dwyer la noche del atentado contra la propiedad del prelado católico. “Con posterioridad, me enteré de que se había producido un hecho terrorista. Entre carcajadas, Germán me comentó que se había bajado y colocado un explosivo en un basurero”.

LA MILICIA capacitaba a los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en el polígono de Río Grande. Uno de los instructores era Micheal Dwyer.