Corrupción: 14 cabezas ya rodaron por la supuesta estafa en la estatal petrolera. Su Presidente dice que los funcionarios vulneraron deliberadamente los controles. El Fiscal tiene indicios para imputar a un ex Director.
Carlos Villegas, máxima autoridad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), decidió suspender a otros diez funcionarios del Distrito Comercial Oriente (Santa Cruz) que están siendo investigados por los abogados de la estatal petrolera para determinar si tienen algún grado de responsabilidad en la supuesta estafa a YPFB por 2,3 millones de bolivianos por la venta de combustible.
“Debe quedar claro que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”, dijo Villegas.
Con éstos ya suman 14 los funcionarios que fueron suspendidos por el caso de estafa.
Como señal de que el Gobierno aplicará mano dura, la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, presentó una denuncia formal por estafa en Santa Cruz, y dijo que el Ministerio Público debe imputar a los funcionarios que según las investigaciones tengan los suficientes indicios de responsabilidad.
El 4 de marzo, la estatal petrolera denunció al empresario Marcelo Limón como autor de una estafa de 2,3 millones de bolivianos por la compra de combustible con 22 cheques de una cuenta sin fondos.
“Quiero señalar de forma tajante que la presidencia de YPFB no acepta irregularidades de ninguna naturaleza. He instruido una auditoría integral en este distrito. Tomé la decisión de una remoción del personal y la sustitución por otro, pues no queremos que exista al interior de estas oficinas actitudes de encubrimiento de ninguna naturaleza”, aseguró.
La autoridad explicó que estos diez funcionarios fueron cesados de sus funciones por 90 días, tiempo máximo para que los abogados de la empresa determinen si tienen alguna responsabilidad penal en el caso.
Reconoció que en la venta de combustible para los surtidores de Marcelo Limón se vulneraron siete pasos. “Los mecanismos de control fueron rebasados de forma deliberada por funcionarios de YPFB. Acá, primero, hay una estafa a la estatal por parte del comprador de líquidos y, segundo, una presumible corrupción al interior de Yacimientos”, denunció.
El 10 de marzo La Prensa informó que la investigación de la Fiscalía detectó negligencia en los trabajadores de la Distrital Oriente, entre los que figuraban Teodovich y Medrano, que demoraron 50 días en informar de la irregularidad y dieron el energético sin verificar el pago.
El vicepresidente Álvaro García dijo que “no hay protección a nadie, y funcionario que sea acusado por la Fiscalía, inmediatamente (debe) asumir su responsabilidad en el ámbito judicial”.
Pablo Cañipa, director legal de YPFB, precisó que el departamento de Auditoría ha informado que los flujogramas de venta de combustible presentaban falencias, pues no estaba claro quiénes eran los receptores del combustible ni quiénes lo entregaban, los responsables de emitir las boletas de pago y los encargados de llevarlas al banco.
El Presidente de YPFB dice que hubo una estafa y corrupción
Cronología de los hechos
Entre el 10 de octubre y el 31 de diciembre de 2009, Marcelo Limón giró cheques sin fondos a YPFB.
La Distrital Oriente de YPFB le entregó diésel y gasolina por un valor de 2,3 millones de bolivianos.
El 4 de marzo, YPFB denunció a Limón por estafa, pues la gasolina y el diésel fueron entregados, pero no se recibió el dinero.
Fiscalía cita a Teodovich
Marco Antonio Teodovich, director suspendido de la Distrital Comercial Oriente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fue citado por la Fiscalía de Santa Cruz en calidad de denunciado y, según el fiscal Alberto Cornejo, existen suficientes indicios de responsabilidad, por lo que será imputado de la estafa a la estatal petrolera de 2,3 millones de bolivianos por la venta de combustibles.
El fiscal asignado al caso por el Ministerio Público en Santa Cruz, Alberto Cornejo, explicó que ayer se envió la citación a Teodovich “en calidad de denunciado y ya no como testigo”, como ocurrió la primera vez que prestó declaración.
Este paso es necesario para cumplir con la formalidad del procedimiento, “porque no puedo imputarlo sin llevar a cabo la audiencia cautelar en la que recibiré su declaración”.
Adelantó que con los datos que brinde el funcionario decidirá si el gerente nacional de Comercialización de YPFB, Gary Medrano, corre la misma suerte.
Cornejo recibió ayer la declaración de un empleado del Banco Unión. En adelante se realizarán allanamientos a las oficinas de la petrolera y se completará las declaraciones.
Marcelo Limón, para el que hay una orden de aprehensión, presentó a través de su abogado un recurso para llevar el proceso al ámbito civil. Limón, según la versión de su abogado, no cometió una estafa y aseguró que sólo existe una deuda por la venta de combustibles.
Entretanto, la modelo Ángela Mazza, secretaria y administradora de Limón y parte central de la investigación, será citada a declarar nuevamente. Según las declaraciones de Mazza a la Fiscalía y a los medios de comunicación, recibió amenazas de muerte.
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