La Prefectura de Tarija dejará al margen varios proyectos en caso de que consuma la redistribución del IDH por población como se plantea en el anteproyecto de modificaciones a la Ley de Hidrocarburos.
El secretario de Planificación, Francisco Varas, dijo que si bien no se cuenta con una cantidad determinada, existe preocupación por la intención gubernamental de aprobar ese cambio en la normativa hidrocarburífera, ya que no sólo el Gobierno Prefectural será afectado, sino las 11 Alcaldías del departamento de Tarija.
Varas consideró que se debe hacer una defensa por este ingreso, ya que son recursos estatales importantes para ejecutar proyectos en beneficio de la población.
En el proyecto de modificaciones a la Ley de Hidrocarburos se plantea hacer una nueva redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) bajo el criterio de población, cuya propuesta tendrá su impacto en la economía de los gobiernos municipales, con excepción de las Alcaldías de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto que son los más favorecidos por tener mayor cantidad de habitantes
Las reducciones de este ingreso estarán en el orden del 30% del presupuesto anual en algunas comunas y el 50% en otras. En este caso, las Alcaldías de Yunchará, Padcaya y Caraparí serán las más perjudicadas debido a que cuenta con menor densidad de población.
BRIGADAS VECINALES
Por otro lado, la redistribución del IDH por población pone en riesgo la continuidad del trabajo de las brigadas vecinales, ya que la Prefectura no dispondrá de recursos suficientes provenientes de ese ingreso para solventar el programa, advirtió el director de Seguridad Ciudadana, Rudy Raña.
El funcionario dijo que de concretarse esa propuesta gubernamental, se dejará sin trabajo a 535 brigadistas, de los cuales casi el 90 % son mujeres, quienes reciben una remuneración económica a cambio de las labores de prevención que realizan en sus barrios.
"Estamos frente un problema social en caso de que se haga la redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos", mencionó.
Para este año, la Dirección de Seguridad Ciudadana había previsto casi 5 millones de bolivianos para cubrir el programa prefectural que está incorporado en el Presupuesto Operativo Anual (POA) del Gobierno Prefectural, cuyas autoridades están preocupadas por la intención gubernamental.
Raña dijo que no sólo se impactará en la continuidad de las brigadas vecinales que trabajn en 83 barrios de la urbe tarijeña, sino en la ejecución de proyectos sociales y de infraestructura a cargo de la Prefectura en escala departamental.
Las brigadas vecinales no pueden reanudar su trabajo mientras no sea aprobada la primera reformulación del presupuesto operativo anual (POA) de este año por el Consejo Departamental, pero ahora se profundiza la incertidumbre ante la intención gubernamental de redistribuir el IDH por población.
La Prefectura de Tarija y Alcaldías se vieron afectadas por la redistribución de recursos por ese ingreso en 2008, cuando el Gobierno central tuvo que recortar para asegurar el pago de la renta Dignidad a favor de los ancianos mayores de 60 años.
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