Enfrentó varios problemas desde ese momento: debido a una insuficiente dotación de tierras tuvo que aguardar dos años a que el Gobierno le conceda el terreno de libre disponibilidad, para realizar las tareas de la instalación de la planta. Luego, ante la demora en ejecutar inversiones, el Gobierno ejecutó las boletas de garantía de la Jindal, por 18 millones de dólares. Finalmente, la empresa india se queja de que el Gobierno hasta la fecha se niega a asegurarle la indispensable provisión de gas para el funcionamiento de las plantas de industrialización del hierro.
Hoy la empresa ha logrado que la Corte de París acepte su pedido de arbitraje para zanjar el tema de la ejecución de sus garantías. La decisión de Jindal, normal para cualquiera en esas circunstancias, ha sido calificada como “inamistosa” por el vicepresidente Álvaro García. Mientras tanto, sin inversiones, y sin gas disponible a la vista, el Mutún sigue siendo una quimera.
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