18Abril2014

Análisis y Opinión (Bolivia)

Nacionalización de ‘chutos’ (Editorial)

Editorial/Cambio (La Paz) - La nacionalización de los vehículos indocumentados —cuya ley fue recientemente promulgada por el Gobierno— generó una serie de especulaciones, particularmente por parte de voceros de los partidos de oposición. No obstante, esas críticas chocan con la realidad: actualmente circulan por las calles de nuestras ciudades y poblaciones miles de autos ‘chutos’ con placas clonadas por funcionarios corruptos de la Policía Boliviana o con placas eventuales otorgadas por algún gobierno municipal. Esos vehículos ingresaron de contrabando en los últimos años.

La Ley de Saneamiento Legal de Vehículos otorga a los propietarios de automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel indocumentados un plazo de 15 días para que registren sus movilidades en la Aduana Nacional de Bolivia a través de Internet.

A diferencia de procesos de nacionalización del pasado, la nueva norma legal es taxativa: los propietarios de los denominados autos ‘chutos’ que no se acojan a la vigente ley en el plazo establecido, no podrán nacionalizar luego sus vehículos, porque los mismos serán confiscados por el Estado, sin lugar a ningún reclamo y sin que medie proceso penal alguno.

La ley establece 90 días hábiles para que los dueños procedan al despacho aduanero de sus motorizados y excluye aquellos vehículos con resolución ejecutoriada, que se encuentren en condición de chatarra, chocados, reconstruidos y con números de chasis remarcados, alterados o amolados, así como los autos con volante de dirección a la derecha y aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional.

Entre los requisitos que deberán presentar los interesados está el certificado emitido por Diprove y que certifique la inexistencia de robo, el pago de los tributos aduaneros aplicables a su importación sobre las tablas de valores y depreciaciones que apruebe la Aduana; además del pago de una multa —en el caso de vehículos a gasolina— equivalente al 50% del tributo aplicable, los que funcionan a GNV pagarán el 25% y en el caso de los motorizados a diesel esa sanción llegará al 100%.

En este contexto, durante los dos primeros días de vigencia de la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos, la Aduana Nacional de Bolivia logró registrar en Santa Cruz 7.088 vehículos ‘chutos’, en Cochabamba 6.750, en La Paz 3.642, en Oruro 1.960, en Potosí 1.243, en el Beni 884, en Chuquisaca 691, en Tarija 609 y en Pando 163. Es decir, 23.030 motorizados indocumentados.

Pero ¿cuáles fueron las razones que impulsaron al Gobierno nacional para solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la sanción de aquella ley para nacionalizar autos chutos, la misma que fue promulgada este 8 de junio?

Según informes oficiales, miles de vehículos indocumentados circulan desde hace años por las calles de nuestras ciudades, en poblaciones intermedias y en el área rural; no pagan impuestos y, en muchos casos, son utilizados como instrumentos para cometer delitos, crímenes y asaltos. Es decir, la circulación de los autos ‘chutos’ —sin documentación ni control alguno— no sólo constituye una franca violación a la ley aduanera sino que es una amenaza para la seguridad ciudadana.

Por eso es incomprensible que la Confederación Nacional de Transportistas haya anunciado para este lunes un paro de labores de 24 horas en contra de la nacionalización de los autos ‘chutos’, extrema medida que no es compartida por al menos dos federaciones. Beni y Pando expresaron su pleno respaldo a la legalización de los vehículos indocumentados, ya que casi el 100% de los autos que circulan en esos departamentos son ilegales.

Por eso, lo que corresponde es que la nacionalización de los vehículos ‘chutos’ se realice en el marco del estricto cumplimiento de la ley, proceso legal cuyo sello deberá ser la transparencia. Porque sólo si se cumplen estos requisitos mínimos habrá ganado el Estado..., todos los bolivianos.


Lo que corresponde es que la nacionalización de los vehículos ‘chutos’ sea en el marco del estricto cumplimiento de la ley y la transparencia. Porque sólo si se cumplen estos requisitos mínimos ganará el Estado, es decir, todos los bolivianos.