20Abril2014

Análisis y Opinión (Bolivia)

La energía eléctrica en poder del Estado (Editorial)

El Gobierno estatizó las empresas de generación eléctrica Corani, Guaracachi y Valle Hermoso y tomó control de la distribuidora de energía (Elfec) de Cochabamba, compañías que en el pasado fueron entregadas al sector privado mediante la llamada capitalización.

La determinación del Gobierno no sorprendió debido a que ya se había anunciado la decisión de recuperar las empresas capitalizadas, pero sí ha generado muchas interrogantes por una serie de factores preocupantes que se han generado como consecuencia de las "nacionalizaciones".

Lo evidente es que el Estado boliviano tenía que adoptar medidas concretas sobre la situación del patrimonio nacional, ya que las empresas que fueron privatizadas no respondieron a los compromisos ni promesas efectuadas en el momento de su capitalización. Las inversiones prometidas no se cumplieron y los dividendos generados se fueron del país. Muchas empresas fueron desmanteladas, como la Empresa Nacional de Ferrocarriles y otras quebraron como la aerolínea bandera Lloyd Aéreo Boliviano.

La recuperación de las empresas que eran del Estado, pero fundamentalmente la recuperación de los recursos naturales, ha sido una demanda nacional y parte de la lucha del pueblo boliviano, que no ha sido comprendida en su justa dimensión, ni ejecutada con idoneidad.

Fundamento para recuperar del patrimonio boliviano, era la demostración de la forma ilegal, inconstitucional y abusiva como se entregaron las empresas del Estado, así como el incumplimiento en las inversiones comprometidas. Lamentablemente, lejos de seguir ese camino que ya había sido demostrado documentalmente mediante el aporte y la investigación de prestigiosos profesionales, se procedió a "nacionalizaciones", que al final fueron negociaciones desventajosas para comprar los paquetes accionarios, que en muchos casos pasaron a terceras manos. A los millonarios pagos por las acciones de las empresas, se suman las demandas internacionales que no solamente exige costosas contrataciones de abogados en el exterior, sino el riesgo inminente de la pérdida de las demandas, situación que obligaría al Estado boliviano a pagar indemnizaciones aún mayores. Los argumentos que ha expuesto Bolivia ante los organismos de arbitraje no resisten el más básico análisis legal, ya que se pretende ignorar las atribuciones de un organismo internacional ante el cual se asumieron compromisos de Estado al momento de la firma de los contratos. Si el camino hubiese sido la denuncia de los contratos de capitalización por las ilegalidades cometidas, y el incumplimiento de las inversiones, compromisos y metas, el resultado hubiese sido diferente.

Ahora, con las empresas generadoras de fuerza eléctrica y la distribuidora de energía eléctrica ocurre lo mismo. Con una ocupación militar se asume el control de las empresas que nunca opusieron resistencia, porque se estuvo negociando durante varios meses, de manera que se trata de una simple compra de acciones.

En el tema de energía eléctrica, son varios los informes especializados que coinciden en la necesidad de urgentes inversiones para ampliar la capacidad de producción, ya que en este momento la generación de energía eléctrica está al nivel de la demanda de consumo. Solamente el crecimiento vegetativo podría hacer que se entre en déficit en algunos Departamentos como La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, donde no se han efectuado inversiones. Bolivia no está lejos de sufrir una crisis de generación de energía eléctrica si no se realizan inversiones de inmediato. Ojalá que el país nunca llegue a los racionamientos que sufren países como Venezuela y Cuba.