Mencionar la corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya no es ninguna novedad en el país. Desde que se refundó ha sido un botín del poder de turno, burlando, seguramente, a quienes, como el presidente Evo Morales, exhorta diariamente a cambiar hacia una Bolivia transparente, sin vicios.
Pasado el enorme escándalo protagonizado por Santos Ramírez, se han producido muchos otros de menor envergadura, pero no menos perjudiciales a los intereses del Estado boliviano y al prestigio de la empresa, tan importante cuando se trata de negociar con grandes transnacionales que saben de las debilidades de conciencia que existen en la empresa y que se pueden explotar.
Es por eso que alarma la admisión que ha hecho el presidente de YPFB, Carlos Villegas, de que continúa campante la corrupción en el interior de la estatal petrolera, debido a que algunos funcionarios han cometido tropelías que le han significado una pérdida de 2,3 millones de bolivianos. Aunque el presidente de YPFB haya admitido este tema un tanto tarde, por lo menos se sabe que alguien vigila lo que acontece con quienes abusan de las influencias del poder.
Ahora el escándalo apunta a un propietario de estaciones de servicio, quien en Santa Cruz habría realizado compras de combustible “con cheques sin fondo y sin firma autorizada”. Con el propósito anunciado por Carlos Villegas, de “caiga quien caiga”, se llevaron adelante dos auditorías —una a cargo de los abogados sumariantes de YPFB y otra de la Fiscalía— acusando a Marcelo Limón de emitir 23 cheques dolosos.
Esto, naturalmente, no lo puede cometer una sola persona, por lo que está en marcha una auditoría integral en el distrito comercial de Santa Cruz, con el propósito de encontrar a otros responsables de complicidad en el fraude, contra quienes existe la decisión de sustituirlos sin ninguna posibilidad de encubrimiento, ya que se trata de sobornos auténticos.
El hecho, en concreto, es que por encima de las asignaciones diarias de combustible que se otorgan a las estaciones de servicio, existirían funcionarios de YPFB que cobrarían suculentas coimas de los propietarios —o propietario— de estos centros de distribución, donde se factura de manera irregular y tramposa.
La creación de entidades estatales tiene, entre otras cosas, el riesgo de que al hacerse designaciones políticas para su administración y al contratarse personal por méritos partidistas, éstos se sienten con la libertad de tomar como algo propio los bienes del Estado y usufructuar de ellos. Los ejemplos de YPFB, la Comibol, la Corporación Boliviana de Fomento, el Banco Minero, el Banco Agrícola, son una muestra del asalto cometido contra los intereses del pueblo.
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