A tal punto ha llegado la degradación de la administración de YPFB, que las noticias que emanan de la petrolera estatal son comidilla diaria de la llamada “televisión basura”, que suele ocuparse de romances clandestinos, engaños y otros asuntos que provocan vergüenza ajena en algunos televidentes.
Esto no debería llamarnos la atención después de lo que ocurrió alrededor del ex presidente de la compañía, Santos Ramírez, hecho que también estuvo condimentado con amores truncados y episodios propios de una novela policiaca.
Hay que agradecerle sin embargo a los reporteros y presentadores que siempre andan en busca de escándalos tenebrosos, porque de no ser por ellos, el caso que envuelve estafas, tramitadores de cupos de combustible, surtidores privilegiados, cheques sin fondo, amores prohibidos y negocios mezclados con señoritas de buena presencia, no habría cobrado notoriedad pública, lo que deja al descubierto que en YPFB el control es inexistente y que las puertas para la corrupción siguen abiertas.
Mientras todo esto ocurre, el presidente brasileño sigue insistiendo en que le compra gas a Bolivia sólo por lástima. Alguna información debe tener Lula sobre lo que ocurre con la industria petrolera boliviana para hablar de esa manera. Todo un sector estratégico para la economía boliviana, en manos de improvisados, de gente con credencial político pero que desconoce los detalles del negocio y por último, en poder de sujetos cuyo único fin es pasarla bien.
Qué se puede esperar de YPFB en estas circunstancias y sobre todo, frente a los retos que hoy tiene la industria del gas de Bolivia, agobiada por la falta de mercados, urgida de inversiones y con una gran necesidad de recuperar la credibilidad, luego de cuatro años de continuos fracasos, de relanzamientos fallidos y de una consolidación institucional que no tiene perspectivas.
Todo este penoso cuadro está llevando al país a la agudización de una crisis energética que ya se palpa con visos de gravedad, con las importaciones cada vez más crecientes de combustibles como la gasolina y al gas licuado de garrafa. Resulta patético que hoy se esté volviendo a lanzar la licitación para la construcción de una planta separadora de gases en el campo Río Grande, infraestructura que ya era urgente cuando el MAS asumió el poder en el 2006. Recordemos que justamente fue este proyecto sobre el que giró el escándalo de coimas, tiros y asesinatos que mandó a Santos Ramírez a la cárcel. Sin esa planta, en Bolivia se agrava día a día la falta de gas licuado.
Recientemente se ha firmado una extensión del contrato de exportación de gas a la Argentina que prevé triplicar las ventas al vecino país hasta el 2013 y quintuplicarlas hasta el 2017. Si el Gobierno es serio y no quiere caer nuevamente en el incumplimiento, como ya sucedió, el ritmo de trabajo, de inversiones y de profesionalismo en YPFB debería alcanzar niveles nunca vistos hasta ahora en Bolivia, pero con la actual estructura, sumergida en la politiquería, en los escándalos y la corrupción, no sólo volveremos a presenciar otro fracaso, sino que dentro de muy poco, estaremos viviendo situaciones de desabastecimiento también inéditas.
YPFB, convertida en nido de politiqueros y corruptos, jamás podrá convertirse en la empresa estratégica que guíe la industria del gas.
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