HidrocarburosBolivia.com

2010-02-09 07:14:24
Todo indica que el año 2010 está llamado a ser el de las acciones. Según el presidente del Estado Plurinacional, las empresas petroleras extranjeras que operan en el país deben invertir como se han comprometido o el Estado se verá obligado a revertir las concesiones petroleras otorgadas.

La advertencia se ha lanzado como si el Gobierno se hubiera sentido de pronto cada vez más seguro o, por el contrario, está dando señales que se siente atenazado por la desesperación ante la preocupante baja de la producción nacional de hidrocarburos y la disminución de la demanda externa. Esto no se puede saber con certeza.

Lo que sí resulta interesante es que en los contratos con las petroleras se estipula una inversión -entre las empresas transnacionales de petróleo y el Estado boliviano- de una suma de 11.292 millones de dólares en el término de 5 años. Esta inversión servirá, según lo convenido, para incentivar la industrialización de los hidrocarburos en el país. De esta manera Repsol, Petrobras, Total y Petroandina junto a YPFB, estarían obligadas a demostrar que pueden pasar de los dichos a los hechos. En otras palabras, que estarían dadas las condiciones para que el postergado proyecto de industrialización petrolera en el país, cobre auténtica vigencia y deje de ser el ejemplo de la propagandística retórica estatal.

En este contexto, el Gobierno afirma que ya existen las garantías de seguridad jurídica que proporciona la Nueva Constitución y que reclaman las transnacionales del petróleo. No obstante, se olvida con frecuencia que no es sólo el marco legal el que asegura seguridad para invertir, sino la coherencia de la teoría con la práctica, y la actitud de los gobiernos con  las empresas. Se trata, en el fondo, de una cuestión de confianza. Esa confianza que el Gobierno boliviano ha socavado en su momento al cambiar las reglas del juego, e imponer  otras que, lógicamente, han hecho desistir de nuevas inversiones petroleras en el país por parte de las empresas extranjeras. No ha sido simple casualidad que algunas se hayan ido.

Recuperar esa confianza en el Estado boliviano resulta un tremendo desafío para las empresas que desean colocar ingentes recursos en proyectos petroleros. Lo que mínimamente esperan es que sus inversiones les den el rédito calculado en el contexto de un marco legal que se respete por ambas partes interesadas, en este caso el Estado y las inversoras. Lo que queda es esperar. Si las empresas transnacionales han decidido invertir lo harán sin mayores vueltas. De lo contrario, habrá que aceptar que nuestra condición de país riesgo no les permite aventurarse. En ese caso, las advertencias están por demás.

Por el contrario, antes de mostrar una imagen de Gobierno duro, lo sensato sería que el Ejecutivo se muestre capaz de explotar todo tipo de oportunidades para el acercamiento, incluyendo el mediático en su trato con las empresas petroleras. Generar un clima de confianza es la tarea inmediata y de largo aliento. El criterio general es que el Estado boliviano necesita más de las inversiones petroleras extranjeras que éstas del país. En esa perspectiva, corresponde mesura e inteligencia para conquistar socios, especialmente en  un terreno –el de los recursos hidrocarburíferos- donde las inversiones son de elevado riesgo y requieren de esfuerzos prolongados y permanentes para dar los frutos esperados.

Se trata de una cuestión de confianza. Esa que el Gobierno boliviano ha socavado en su momento al cambiar las reglas del juego.
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