Subeditorial
Dos importantes estudios se han realizado sobre el estado actual de los hidrocarburos y la minería, por parte de los profesionales especializados Carlos Alberto López y Rubén Ferrufino, este último con el apoyo de Enrique Araníbar B., como asistente de investigación.
Los resultados de las dos investigaciones no son alentadoras, más bien, todo lo contrario, por lo que será necesario que el Gobierno y, en particular, las autoridades de estos sectores de la economía nacional adopten medidas correctivas pertinentes.
Ambos trabajos se hallan consignados como Análisis de Coyuntura de la Fundación Milenio, que cuenta con el respaldo de la fundación Konrad Adenauer, de Alemania. La publicación lleva el título de Estado de Situación de dos Sectores Productivos Fundamentales: Hidrocarburos y Minería.
En el estudio sobre los hidrocarburos, su autor, el licenciado en Finanzas y Administración de Empresas, Carlos Alberto López, llega a la conclusión de que “es poco probable que en las actuales condiciones se pueda dar una reactivación real de la industria petrolera en el país, en el corto y mediano plazo.
En todo caso, puede decirse que, más allá de los anuncios y las expresiones en rigor, en este momento no existe ningún indicio de reactivación de la inversión, de perforación de pozos, de contratación de nuevos equipos y, por lo tanto, de algún incremento de la producción”.
El economista Rubén Ferrufino, en su estudio sobre la minería, destaca que este sector realizó un aporte fundamental al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, en el 2008 (6,15%). Su crecimiento fue del 56,3%, respecto al 2007. De no haber tal aporte, el PIB habría sido de sólo el 3,78%.
El logro fue de la empresa minera San Cristóbal, tras una década de preparación y la inversión de $us 900 millones. Cubrió el 95% de aquel crecimiento, con la producción de zinc, plomo y plata.
No existe exploración alguna de nuevos yacimientos mineros, porque no hay inversión. Con la nueva Constitución, Ferrufino estima que “será muy difícil la realización de inversión privada en los siguientes años”, aparte de que crece la toma de centros mineros por parte de los ayllus, vulnerando derechos de concesión otorgados por el propio Estado.
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