16Abril2014

Bolivia

Los Contratos Petroleros en la legislación Boliviana contemporánea

2009-12-09 19:02:02
Iver von Borries (*)/ENERGY PRESS - Para tratar este tema, es conveniente hacer una breve memoria de la historia contractual en materia de hidrocarburos, teniendo como punto de partida los 71 contratos de Riesgo Compartido suscritos entre YPFB y las empresas del upstream al amparo de la –hoy abrogada- Ley de Hidrocarburos No. 1689 de 1996, en cuya cláusula Tercera éstos establecían que dichas empresas adquirían el derecho de propiedad de la producción obtenida en boca de pozo.

Toda vez que la política energética comenzaba a cobrar un sensible protagonismo social, demostrado especialmente durante los violentos hechos de octubre de 2003 (conocidos como la “guerra del gas”), el 17 de mayo de 2005 se promulga un nuevo marco jurídico en materia de hidrocarburos a través de la Ley No. 3058, la misma que en su artículo 5 recogía el resultado del Referéndum Vinculante del 18 de julio de 2004, al recuperar el derecho propietario de los hidrocarburos en boca de pozo, por una parte y conminar a las empresas suscriptoras de los Contratos de Riesgo Compartido a migrar al nuevo régimen contractual en un plazo de 180 días -computables a partir del 19 de mayo de 2005-, por la otra.

Toda vez que la migración antes señalada se había atascado por cuestiones legales que versaban principalmente sobre la validez de los Contratos de Riesgo Compartido, puesta en “tela de juicio” a raíz de la omisión de la aprobación congresal requerida constitucionalmente y la amenaza de iniciar procesos arbitrales internacionales contra el Estado Boliviano, el 1 de mayo de 2006 se decretó la Nacionalización de los Hidrocarburos, en virtud al D.S. No. 28701 el cual establecía que el Estado recuperaba la propiedad, posesión y el control “total y absoluto” de los hidrocarburos. Similar a lo dispuesto por la Ley de Hidrocarburos dicho decreto otorgaba un plazo de 180 días para que las compañías petroleras regularicen su actividad, mediante la suscripción de nuevos contratos.

Es de esta manera que, previo proceso de ardua negociación, el mes de octubre de 2006 se logró la suscripción de los Contratos de Operación, los mismos que –a diferencia de sus antecesores- fueron aprobados mediante Leyes de la República el mes de abril de 2007.

De los 3 tipos de contratos previstos en el Título V de la Ley de Hidrocarburos vigente, los Contratos de Operación facultan a las empresas a realizar operaciones de exploración y explotación en un área determinada, a su exclusiva cuenta y riesgo, a cambio de recibir de YPFB una compensación económica variable en base a la productividad de cada campo y el reconocimiento de algunos costos, denominados “recuperables”.

Los otros dos tipos contractuales previstos en la Ley de Hidrocarburos, son el Contrato de Producción Compartida, en virtud del cual la empresa suscriptora tiene una participación en la producción y el Contrato de Asociación, por el cual YPFB tiene la facultad de asociarse con empresas que hubiesen efectuado descubrimientos comerciales.

Finalmente, es importante señalar que el artículo 362 de la Constitución Política del Estado vigente, promulgada el mes de febrero de 2009, señala que la empresa YPFB queda autorizada a “suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios…”. De lo anterior podemos concluir que, al margen del cambio de denominación -nomen iuris en la jerga legal- que los contratos ya previstos podrían sufrir(acaso en la nueva Ley de Hidrocarburos que se avecina), queda claro el rol que el Estado Boliviano a través de su política energética ha decidido otorgar a las empresas dedicadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

(*) Abogado con postgrado en Derecho Corporativo y Máster en Derecho Internacional privado. Especialista en Derecho de Gas y Petróleo. Participó en la negociación de los Contratos de Operación con YPFB. Socio del estudio jurídico Sabaot & von Borries.